LEYES ECONOMICAS HABILITANTES:
AVANCE HACIA LA JUSTICIA SOCIAL
Recientemente escribimos acerca de de una serie de medidas que el Ejecutivo tomó hace escasos dos meses, que denominaron el REIMPULSO PRODUCTIVO. Todo ello, dentro de un gran jolgorio entre Gobierno y el gran Empresariado Nacional. Especie de segundo aire, en el cual el Ejecutivo Nacional parecía darle un claro mensaje al país y al mundo: La tarea (?) es de todos, entre todos y para todos.
Dijimos en su oportunidad, que dicho paquete de medidas, iba dirigido sobre todo al gran capital, industrial y financiero. Y conllevaban implícita una gran disyuntiva: Un gran recule, admitiendo que el balance nacional en términos socio productivo era altamente desalentador; ó se trataba de una maravillosa táctica, para agarrar un segundo aire y prepararse al mediano plazo, para mayores batallas.
También señalamos que quienes venimos apoyando este proceso, veíamos con inmensa preocupación como es que los factores menos progresistas de la alta dirigencia del proceso, ya no disimulan sus esfuerzos por ahogar en la institucionalidad capitalista las más veraces críticas, sentimientos y luchas revolucionarias de la clase trabajadora y del pueblo oprimido.
Bien, hoy, con la serie de medidas tomadas hace apenas unos días, en el cierre de la vigencia de llamada Ley Habilitante que facultaba al Presidente para legislar en materia económica y social, entre otras materias; esas dudas tienden a dilucidarse. Y no necesariamente para bien. Veamos
LAS MEDIDAS RECIENTES.
Recientemente el Ejecutivo Nacional refrendó un conjunto de Leyes Habilitantes, sobre todo en materia económica y social, dirigidas a “profundizar el proceso socialista bolivariano” y destinadas a “ampliar y concretar el marco jurídico sobre el cual basar este reimpulso al proceso bolivariano,..”
Según fuentes oficiales, las mismas estarán destinadas al desarrollo nacional, al empoderamiento popular y la adaptación de las estructuras del estado al proceso revolucionario y permitirán al Gobierno Nacional introducir importantes cambios estructurales en el sistema económico venezolano.
Así, el Presidente de la República, tras ser habilitado por la Asamblea Nacional (AN) por un período de 18 meses para legislar, anunció la aprobación de un compendio de leyes, (Gaceta Oficial número 38.984), las cuales estarían destinadas a promover el desarrollo nacional en áreas como soberanía alimentaria, vivienda, transporte, banca, administración pública, turismo y seguridad social.
En tal sentido mencionó la transformación de las instituciones del Estado; la participación popular; los valores esenciales del ejercicio de la función pública; el ámbito económico y social; el financiero y tributario; seguridad y defensa; la infraestructura, transporte y servicios, y el ámbito energético. Ese será el principal ámbito de este compendio de leyes.
Era de prever que las mismas generarían rechazo y resistencia de ciertos sectores económicos. Sobre todo en ciertos sectores industriales, alimentarios y financiero. Las principales críticas han estado dirigidas en el mismo anterior sentido: la supuesta inconstitucionalidad y la excesiva discrecionalidad del poder Ejecutivo para arbitrar según su antojo.
En el pasado, los flancos de ataque fueron la Ley de Tierras, que se oponía al latifundio, y la Ley de Pesca, protectora de los pescadores artesanales. Ambas derivadas del mandato constitucional. Críticas que sobre la macha resultarían sesgadas, infructuosas e infundadas. Dichos atacantes hoy vuelven por sus fueros.
Pero no desestimemos dichas críticas. Pues también hemos de recordar que en aquella oportunidad, estos fueron los principales detonantes para que los enemigos del proceso bolivariano, iniciaran, primero un paro laboral indefinido y luego, el golpe del 11 de abril de 2002.
SU SENTIDO ESTRATÉGICO.
Este compendio de Leyes supone y pretende dibujar el modelo productivo socialista que está contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013. De rango constitucional.
Básicamente abarcan: la revisión de los precios, la búsqueda de más ingresos y el control sobre las áreas estratégicas. Reafirman la disposición de que “el Estado conservará el control de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo”.
Las leyes que fueron aprobadas entre enero de 2007 y mediados de julio de 2008 implicaron la revisión de los decretos de control de precios, reformas tributarias y ajustes de instrumentos para incrementar las fuentes de recursos.
Una novedad es la nueva Ley para la Seguridad Alimentaria. Adicionalmente se establece un marco legal para promover la producción social, la cual en gran medida es manejada por el Estado y las comunidades.
Asimismo están las reformas a las leyes de turismo y de bancos, que estarían previendo mayor injerencia gubernamental en esas actividades.
También destaca el propósito fiscalista del estado. El Ejecutivo nacional creó el fondo para la captación de los recursos excedentes de los entes de la Administración Pública, a lo cual se añade la modificación del texto que rige el diseño del gasto y el endeudamiento así como de las instituciones financieras del Estado.
Los últimos cambios efectuados adicionalmente abarcan la reforma al sistema de vivienda y hábitat así como al esquema de seguridad social. Según lo enumerado en la Gaceta se crea un texto para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PAQUETAZO.
De entrada hemos de señalar que cualquier denuncia sobre una pretendida ilegalidad ó ilegitimidad de las mismas, viene abortada por la fuerza social y la norma jurídica que ha facultado este mandato. Por lo tanto, las mismas están totalmente ajustadas a derecho, y cualquier crítica a las mismas, habrá de ser a sus aspectos de fondo, no a su forma ó fundamento y/ ó facultad jurídica del Habilitado, ciudadano Presidente de la República.
El motivo y justificación de la norma está claramente establecido y aduce que “son el marco jurídico para concretar la justicia social en favor de la población venezolana, en especial las grandes mayorías, históricamente excluidas de la esfera de intereses de los gobiernos que condujeron los destinos de la nación en la denominada cuarta república, por más de 40 años”.
Los sectores económicos más desprestigiados y recalcitrantes, ciertamente intocables hasta el año 1999, nuevamente se atrevieron a calificar de golpe de estado constitucional, el anuncio hecho por el Ejecutivo Nacional. Puro refrito con el mismo guión.
HACIA DONDE VAMOS.
Definitivamente estamos corriendo el riesgo de ir hacia un despeñadero. Y el riesgo es el corto plazo. Es así por cuanto aún no se define ni garantiza sustentabilidad del modelo socio económico al cual se quiere avanzar. El estado se afianza en su modelo ultra capitalista de estado, desestimando palmariamente el papel de los sectores productivos e incluso laborales. No está claro cual es el marco para impulsar nuevas y mejores fuerzas productivas, y el estado mismo, no se ve en el papel de garantizar la producción y el abastecimiento de todos los productos, bienes y servicios contemplados en los sectores estratégicos de la vida nacional. Además de que ello sería un suicidio. El riesgo inminente es la inflación y el desabastecimiento. O hay concierto nacional, ó avanzamos hacia un precipicio de fondo incalculable.
CARLOS BARRETO CABALLERO/ AGOSTO 2008
AVANCE HACIA LA JUSTICIA SOCIAL
Por Carlos Barreto Caballero
Dijimos en su oportunidad, que dicho paquete de medidas, iba dirigido sobre todo al gran capital, industrial y financiero. Y conllevaban implícita una gran disyuntiva: Un gran recule, admitiendo que el balance nacional en términos socio productivo era altamente desalentador; ó se trataba de una maravillosa táctica, para agarrar un segundo aire y prepararse al mediano plazo, para mayores batallas.
También señalamos que quienes venimos apoyando este proceso, veíamos con inmensa preocupación como es que los factores menos progresistas de la alta dirigencia del proceso, ya no disimulan sus esfuerzos por ahogar en la institucionalidad capitalista las más veraces críticas, sentimientos y luchas revolucionarias de la clase trabajadora y del pueblo oprimido.
Bien, hoy, con la serie de medidas tomadas hace apenas unos días, en el cierre de la vigencia de llamada Ley Habilitante que facultaba al Presidente para legislar en materia económica y social, entre otras materias; esas dudas tienden a dilucidarse. Y no necesariamente para bien. Veamos
LAS MEDIDAS RECIENTES.
Recientemente el Ejecutivo Nacional refrendó un conjunto de Leyes Habilitantes, sobre todo en materia económica y social, dirigidas a “profundizar el proceso socialista bolivariano” y destinadas a “ampliar y concretar el marco jurídico sobre el cual basar este reimpulso al proceso bolivariano,..”
Según fuentes oficiales, las mismas estarán destinadas al desarrollo nacional, al empoderamiento popular y la adaptación de las estructuras del estado al proceso revolucionario y permitirán al Gobierno Nacional introducir importantes cambios estructurales en el sistema económico venezolano.
Así, el Presidente de la República, tras ser habilitado por la Asamblea Nacional (AN) por un período de 18 meses para legislar, anunció la aprobación de un compendio de leyes, (Gaceta Oficial número 38.984), las cuales estarían destinadas a promover el desarrollo nacional en áreas como soberanía alimentaria, vivienda, transporte, banca, administración pública, turismo y seguridad social.
En tal sentido mencionó la transformación de las instituciones del Estado; la participación popular; los valores esenciales del ejercicio de la función pública; el ámbito económico y social; el financiero y tributario; seguridad y defensa; la infraestructura, transporte y servicios, y el ámbito energético. Ese será el principal ámbito de este compendio de leyes.
Era de prever que las mismas generarían rechazo y resistencia de ciertos sectores económicos. Sobre todo en ciertos sectores industriales, alimentarios y financiero. Las principales críticas han estado dirigidas en el mismo anterior sentido: la supuesta inconstitucionalidad y la excesiva discrecionalidad del poder Ejecutivo para arbitrar según su antojo.
En el pasado, los flancos de ataque fueron la Ley de Tierras, que se oponía al latifundio, y la Ley de Pesca, protectora de los pescadores artesanales. Ambas derivadas del mandato constitucional. Críticas que sobre la macha resultarían sesgadas, infructuosas e infundadas. Dichos atacantes hoy vuelven por sus fueros.
Pero no desestimemos dichas críticas. Pues también hemos de recordar que en aquella oportunidad, estos fueron los principales detonantes para que los enemigos del proceso bolivariano, iniciaran, primero un paro laboral indefinido y luego, el golpe del 11 de abril de 2002.
SU SENTIDO ESTRATÉGICO.
Este compendio de Leyes supone y pretende dibujar el modelo productivo socialista que está contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013. De rango constitucional.
Básicamente abarcan: la revisión de los precios, la búsqueda de más ingresos y el control sobre las áreas estratégicas. Reafirman la disposición de que “el Estado conservará el control de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo”.
Las leyes que fueron aprobadas entre enero de 2007 y mediados de julio de 2008 implicaron la revisión de los decretos de control de precios, reformas tributarias y ajustes de instrumentos para incrementar las fuentes de recursos.
Una novedad es la nueva Ley para la Seguridad Alimentaria. Adicionalmente se establece un marco legal para promover la producción social, la cual en gran medida es manejada por el Estado y las comunidades.
Asimismo están las reformas a las leyes de turismo y de bancos, que estarían previendo mayor injerencia gubernamental en esas actividades.
También destaca el propósito fiscalista del estado. El Ejecutivo nacional creó el fondo para la captación de los recursos excedentes de los entes de la Administración Pública, a lo cual se añade la modificación del texto que rige el diseño del gasto y el endeudamiento así como de las instituciones financieras del Estado.
Los últimos cambios efectuados adicionalmente abarcan la reforma al sistema de vivienda y hábitat así como al esquema de seguridad social. Según lo enumerado en la Gaceta se crea un texto para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PAQUETAZO.
De entrada hemos de señalar que cualquier denuncia sobre una pretendida ilegalidad ó ilegitimidad de las mismas, viene abortada por la fuerza social y la norma jurídica que ha facultado este mandato. Por lo tanto, las mismas están totalmente ajustadas a derecho, y cualquier crítica a las mismas, habrá de ser a sus aspectos de fondo, no a su forma ó fundamento y/ ó facultad jurídica del Habilitado, ciudadano Presidente de la República.
El motivo y justificación de la norma está claramente establecido y aduce que “son el marco jurídico para concretar la justicia social en favor de la población venezolana, en especial las grandes mayorías, históricamente excluidas de la esfera de intereses de los gobiernos que condujeron los destinos de la nación en la denominada cuarta república, por más de 40 años”.
Los sectores económicos más desprestigiados y recalcitrantes, ciertamente intocables hasta el año 1999, nuevamente se atrevieron a calificar de golpe de estado constitucional, el anuncio hecho por el Ejecutivo Nacional. Puro refrito con el mismo guión.
HACIA DONDE VAMOS.
Definitivamente estamos corriendo el riesgo de ir hacia un despeñadero. Y el riesgo es el corto plazo. Es así por cuanto aún no se define ni garantiza sustentabilidad del modelo socio económico al cual se quiere avanzar. El estado se afianza en su modelo ultra capitalista de estado, desestimando palmariamente el papel de los sectores productivos e incluso laborales. No está claro cual es el marco para impulsar nuevas y mejores fuerzas productivas, y el estado mismo, no se ve en el papel de garantizar la producción y el abastecimiento de todos los productos, bienes y servicios contemplados en los sectores estratégicos de la vida nacional. Además de que ello sería un suicidio. El riesgo inminente es la inflación y el desabastecimiento. O hay concierto nacional, ó avanzamos hacia un precipicio de fondo incalculable.
CARLOS BARRETO CABALLERO/ AGOSTO 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario